Según
tratados internacionales el agua es un derecho inherente a toda persona, a todo
ser humano, sin distinción alguna. A nadie se le puede privar de este bien, por
razones ideológicas, de raza o situación económica. La tutela corresponde
siempre a la administración pública, y no puede ser objeto de especulación para
la empresa privada. Esto decían las leyes y las Resoluciones de Naciones Unidas;
pero la realidad en España caminó y por culpa de políticos irresponsables,
anda por las sendas de la especulación empresarial. En el año 2013,
aproximadamente el 57 % de la población de nuestro país estaba abastecida por
sociedades privadas, que como tal, buscan asegurarse un negocio rentable y
seguro. Alianza contra la Pobreza Hídrica denunciaba que Agbar y su competidora Aquália que, se
reparten el negocio del agua, obtuvieron un beneficio de 432,9 millones de
euros en el año 2011. Asociaciones en defensa por la gestión pública del agua
denunciaron que los procesos de privatizaciones se realizan en forma opaca, con
procesos plagados de irregularidades, sin aportar información técnica, ni
consultar con la ciudadanía.
Y
es que el agua como negocio: “Organización empresarial dedicada al comercio de
bienes o servicios a los consumidores usuarios”, resultó un sector ideal para
invertir, porque a diferencia del petróleo, no se puede sustituir ni remplazar;
se puede vivir sin gas, sin teléfono, sin coche etc…;pero nunca se puede
sobrevivir sin agua. De ahí que este bien se haya convertido en el “oro azul
del milenio”.
España
olvida el derecho al agua e implanta el “desahucio hídrico”. Según los cálculos
de AEOPAS (Asociación de Empresas de Operadores Públicos de Abastecimiento y
Saneamiento), solo en el 2013 se tramitaron en España 500.000 cortes del
suministro, de los que 300.000 se hicieron efectivos. Según Luis Babiano,
presidente de AEOPAS: “En España se da el desahucio hídrico, legal o ilegal;
pero también inmoral y clandestino”. Recientemente, gracias a las presiones sociales, se han producido sentencias judiciales, y una
Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz, declarando que los cortes del
suministro, son ilegales cuando estos se producen en familias desfavorecidas
económicamente.
Quien
más o quien menos, podría preguntarse ¿Por qué se privatiza este servicio?
Porque es más eficaz que en manos de lo público, contestarán algunos; pero esto
no es cierto según se desprende de numerosos estudios, entre los que destaca
los realizados por la Universidad de Granada, que llega a la conclusión de que
en manos de la gestión pública es más eficaz, y que de propina, en manos
privadas, resulta como mínimo un 25 % más cara.
Para
debatir sobre este problema, hace falta reflexionar y aportar argumentos que
nos puedan llevar a conclusiones o a posicionamientos personales, y en este sentido nos podemos
encontrar con sorpresas:
Las
Concesiones Administrativas fueron para numerosos ayuntamientos, una forma de
aliviar la crisis económica. Dineros invertidos en otras necesidades, (cuando
no en obras electoralistas) que, cuando se precisan inversiones relacionadas
con el agua, salen de los usuarios del servicio, por medio del aumento de
tarifas.
Uno
de los mayores escándalos de corrupción, es sin ningún lugar a duda, el
descubierto por la juez Pilar de Lara, conocido como el caso Pokemon, (la trama
iniciada en un prostíbulo) que, iniciada en Asturias Galicia, y gracias a los
registros efectuados por agentes aduaneros de la guardia civil, se extiende ya
por media España, incluida recientemente la provincia de Alicante. Entre las figuras
delictivas que investiga la juez de Lara, nos podemos encontrar las de sobornos
(viajes pagados supuestamente por la empresa matriz de un monopolio), la malversación de fondos
públicos, la prevaricación, el cohecho, los enriquecimientos ilícitos, el enchufismo, los tratos de favor, etc…. Esta
valiente juez destaca la figura de los “conseguidores”, o la nueva profesión de
los hombres abrelatas comisionistas. Si votamos a un político para que gestione
lo público, y lo cede a una empresa privada, lo que va sobrando es el político,
porque es muy posible que, como escribe Ramón de España, en su libro
“Idiocracia”, nos hemos cargado la democracia en treinta años.
Interpretando
lo descrito por Quevedo en su libro “Los
Sueños”, tras su recorrido por el infierno, al encontrase con Judas, este
justificaría su traición, con estas palabras:
-Yo
pude haber traicionado a una sola persona a cambio de treinta monedas, que
después de arrepentirme, repartí entre los pobres; pero en la vida real,
vosotros tenéis políticos que, dándoselas de honrados, son capaces de venderse
ellos, de engañar a los suyos, a quienes les votaron, y de hipotecar a todo su pueblo, si llegare el
caso.
El
día en que deje de ver la aplicación del IVA en mis recibos del agua, volveré a
creer en la clase política, porque al ser considerado lo público como
organismos sin ánimo de lucro, están exentos de aplicar este impuesto que,
ahora trata al agua como si fuese un bien de lujo.
F. Sáez
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